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21.10

VILLA MARÍA, CÓRDOBA

16.10.2020 Vida y Estilo

Córdoba: se está preparando un fondo de inversión inmobiliario

Uno de los sectores que el Gobierno nacional quiere impulsar en la pospandemia es el de la construcción. Para ello, está fomentando diversas herramientas y una de ellas son los productos de inversión colectiva para el sector inmobiliario.

La Comisión Nacional de Valores (CNV), que reglamentó en septiembre algunas mejoras al instrumento, ya tiene algunos proyectos en carpeta y pronto recibirá otro desde Córdoba.

Se trata de una iniciativa que está terminando de pulir la sociedad gerente de Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Dracma con algunos profesionales especializados en el rubro desarrollista y en cuestiones tributarias y legales.

“Estamos trabajando en la conformación de un FCI inmobiliario y esperamos presentarlo en unas semanas en la CNV con la idea de que pueda estar aprobado en marzo de 2021”, cuenta John Walker, director de Dracma.

Santiago Cornet, quien fue gerente de legales de Grupo Edisur y participa en la redacción, explica que primero estarán delineados todos los aspectos del fondo y recién entonces se buscarán acuerdos con una o con varias empresas desarrollistas que tengan proyectos concretos. “Se armaría un fideicomiso inmobiliario ordinario y el fondo invertiría como fiduciante beneficiario”, puntualiza.

El fondo, que operará en dólares, tendrá un mínimo de emisión de 10 millones de dólares para invertir en unos tres proyectos. “Como este es nuestro primer fondo, queremos ser muy conservadores y buscaremos desarrollos de bajo riesgo, como los loteos”, dice Walker. Como el fondo sería de Dracma, podrían invertir en desarrollos de distintas empresas.

Según las averiguaciones de este medio, sería la primera iniciativa de este tipo encabezada por una sociedad gerente de fondos de Córdoba. De todos modos, el tema despierta interés en el sector y es analizado por las empresas que tienen más conocimiento del mercado de capitales.

Desde la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos (Ceduc), Pablo Balián comenta que se busca difundir el tema entre los asociados, en un ciclo con la CNV y con la Bolsa de Comercio de Córdoba, al cual aportaría esta primera experiencia de Dracma.

Cómo es el instrumento

Los FCI cerrados, que invierten en la economía real, son instrumentos bastante desarrollados en el mundo. En Argentina, la herramienta surgió con fuerza a partir del sinceramiento fiscal de 2017, cuando se crearon muchos fondos para aprovechar el blanqueo a tasa cero, entre ellos, uno de Edisur.

Pero muy pocas de esas iniciativas prosperaron porque se esperaba una modificación normativa para evitar un tratamiento tributario adverso que llegó luego de cerrado el perdón fiscal y cuando ya había comenzado la nueva crisis financiera.

Fue en mayo de 2018, con la Ley de Financiamiento Productivo (27.440), cuando quedó claro que los FCI cerrados son vehículos “transparentes” desde el punto de vista tributario. Se los llama así porque el fondo no paga Impuesto a las Ganancias, sino que cada cuotapartista tributa en forma individual. Hay, además, otros beneficios impositivos en el caso de las inversiones inmobiliarias, que lo hacen más atractivos.

Esa norma demoró en ponerse en marcha y ya en esta gestión, la CNV realizó una nueva reglamentación que genera mejoras en diversos aspectos y da un rol más importante a las empresas desarrollistas. En este marco, hay una clara definición política de impulsar proyectos en este sector.

A diferencia de los fondos abiertos (los que invierten en bonos, en acciones, en plazos fijos y en otros instrumentos financieros), estos FCI cerrados tienen una fecha de inicio y una de finalización. Además, los inversores no pueden rescatar las cuotapartes en cualquier momento, sino que las pueden vender a un tercero o tienen que esperar la liquidación final.

Dracma prevé que este fondo dure cinco años, pero la normativa permite un máximo 10.

Inversores grandes y chicos

La iniciativa de la sociedad gerente cordobesa apunta a estructurar un fondo con tres tipos de cuotapartistas.

En primer lugar, los inversores institucionales (compañías de seguros, cajas profesionales, cooperativas y mutuales). “Es un instrumento que les puede servir para diversificar su cartera”, opina Walker.

Por otra parte, están las personas físicas, que apuntan a “la posibilidad de capturar dinero que no pueden tener destino de dólares”. Las de mayor poder adquisitivo, que pueden comprometer un capital y tendrán un esquema para ir integrando dinero a lo largo del tiempo, a medida que avancen las obras.

También se armará una opción para pequeños inversores, con montos desde mil dólares, aproximadamente, que pueden comprar cuotapartes de una sola vez, sin un compromiso de aportes futuros.

“La normativa permite una emisión por tramos. En el prospecto inicial se puede incluir un monto total e ir realizando las emisiones a medida que se sumen proyectos. No hace falta que estén todos al principio. El fondo va a prever un período de formación de activos, que podría ser de unos tres años para terminar de definirlos a todos”, concluye Cornet.

Fuente La Voz

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