Accastello jugó fuerte con la auditoría

La convocatoria de una auditoría externa, de una administración que llega para que revise la documentación de los que se fueron, no resulta extraño cuando las autoridades corresponden a partidos políticos diferentes. Es hasta casi lógico. Ante cualquier duda, contadores externos revisan los números y los papeles para cotejar que la información entregada sea verdadera, fiable, más aún cuando hubo dudas en el manejo de los fondos por los anteriores administradores.

En Villa María, lo curioso de este caso, es que la convocatoria para auditoría externa la impulsa un intendente del mismo signo político del que se fue. Si bien son líneas internas bien opuestas, son aliados circunstanciales en elecciones locales. El gillismo gobernó 8 años sin la participación del accastellismo en el Municipio, pero ambos espacios fueron unidos en 2015 y 2019. Sucede lo mismo ahora, pero a la inversa. El gillismo no está el Municipio, de hecho no quedó prácticamente ningún funcionario de la administración anterior, pero sí apoyó al accastellismo para que el propio Eduardo Accastello ganara las elecciones del año pasado (y, por el momento, el bloque oficial en el Concejo Deliberante se mantiene unido y no hay signos de ruptura).

 ¿Qué pasó entonces? Dos hechos graves, que ni la pertenencia al mismo partido político (en este caso el peronismo) pueden dejar pasar por alto. 

 1) El Arqueo de Caja. Allí se constató una deuda importante (inicialmente se dijo que serían unos 7 mil millones de pesos) que obligó, entre otras cosas, a sancionar la emergencia económica en el Concejo Deliberante en el inicio de la cuarta gestión de Accastello. 

2) El Balance. “Por deficiencias e inconsistencias presentadas”, tal cual dice el anuncio oficial, “podemos aseverar que la información reflejada en el balance no refleja la realidad económica-financiera del municipio”.

 Es decir, las actuales autoridades municipales dicen que la información del Balance 2023 no muestra la realidad económica-financiera a partir de la documentación que dejó la administración de Gill. Técnicamente ya lo explicó el contador Alberto Costa en una nota publicada en este sitio web. Desde el punto de vista político, es una jugada fuerte del intendente Accastello. Deja en manos de auditores externos el cotejo de la información. Que sean contadores no vinculados a la administración actual los que analicen la documentación, con una mirada independiente y ajena a la Comuna. 

 Ahora, qué pasa si finalmente los contadores externos llegan a la misma conclusión que las autoridades municipales. Aquí radica el problema. En definitiva, por ahora solo hablamos de actos administrativos. Pero sí los actos administrativos son “deficientes” e “inconsistentes” y la documentación “no refleja la realidad económica-financiera”, allí hay delitos penales que se han cometido. La transparencia en la administración pública debe ser una máxima inviolable, que debe quedar manifiesta en los asientos contables.

Si hay “inconsistencias” y “deficiencias”, hay delitos, nadie creería que son apenas “errores” o “ingenuidades”. A este nivel, no suceden cosas así.

¿Podría haber denuncias posteriores a la auditoría? En la faz política, es la única pregunta que vale. El oficialismo por ahora no habla de esa posibilidad, pero sabe que la deberá analizar en su momento, ya con los resultados sobre la mesa. Aquí ya el terreno es más complejo porque la política talla. Una auditoría externa es significativa, hace ruido; aunque una denuncia penal es un escándalo y dinamita todos los puentes con el otro sector interno pensado en las elecciones por venir y en la convivencia diaria. Y más contra un ministro de la Provincia como es Martín Gill (que sí deberá enfrentar un juicio por violencia de género). 

La auditoría resulta lógica en función de lo encontrado en las arcas municipales, es casi una obligación aclarar qué sucedió en los últimos años. Pero lo que viene luego, si se ratifica lo presentado días atrás por auditores externos, es todavía más significativo. Si se cometieron delitos, no pueden ser gratis. Porque la plata que se administra es la de todos los contribuyentes.
 

Martín Alexis Alanis.