Cerezo, sobre los aportes patronales: “Se utilizan para capacitar a pymes”

El secretario de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), el villamariense Ezequiel Cerezo, habló sobre el decreto nacional que elimina los aportes obligatorios de las empresas a las cámaras del sector. Días atrás la propia institución emitió un comunicado en contra de esta decisión del gobierno libertario.

Al respecto, Cerezo le dijo a Claves que el documento buscó “aclarar cuestiones que son inexactas”. “Es un aporte de los privados y se distribuye entre privados. Lo administra el Instituto Nacional de Capacitación que hay en la CAC (Cámara Argentina de Comercio), que tiene personería propia y está integrada por tres cámaras empresarias”.

“Se difundió información que no es certera, por eso nos vimos en la necesidad de aclararlo. El ‘costo argentino’ del que hablan es muy poco significativo, se paga 4 mil pesos por empleado, lo cual no es significativo para que impacte en el costo de los productos.

Sí coincidimos que hay una maraña impositiva, tasas, contribuciones y demás que complejizan la actividad comercial, pero esta específica es un aporte de empresarios para empresarios”, añadió.

Cerezo explicó además que estos recursos permiten capacitar a todas las cámaras, federaciones y entidades del país. 

“Fortalece a las pymes, que no son las mayores aportantes. Una gran cadena de supermercados puede capacitar a su gran planta de personal con recursos propios contando con los mejores capacitadores del país. Y un supermercado de Villa María, Jujuy, o de donde sea, no puede capacitar sus fuerzas de ventas porque no les da el recurso propio. Para eso se utilizan las cámaras, para poder capacitar a las pymes que están dentro de las estructuras de todo el país”, subrayó.

Cabe señalar que el Gobierno nacional decretó que los acuerdos colectivos de trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de pago a favor de cámaras, asociaciones o agrupaciones empresariales a los empleadores no asociados o afiliados a las mismas, salvo que estos últimos las acepten voluntariamente. La medida afirma que estas cláusulas compulsivas “no tienen fundamento normativo” y afectan la autonomía convencional, la libertad de contratación y de afiliación de los empleadores, y “vulneran los principios constitucionales de legalidad y representatividad”.