Hay mayor conflictividad laboral en el Estado que en los privados

El informe 1095 del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) señala que desde la asunción del actual gobierno, Aerolíneas Argentinas -una empresa del Estado nacional- viene sufriendo las consecuencias de una intensa conflictividad laboral.

Esto degrada el funcionamiento de la empresa y se traduce en demoras y cancelaciones de vuelos. Ahora se sumó a la conflictividad Intercargo. Una empresa -también del Estado nacional- que tiene la responsabilidad de los servicios en tierra a los vuelos. 

Para Idesa, una referencia pertinente es comparar la conflictividad laboral en el Estado con la que se registra en las empresas del sector privado. Según la Secretaría de Trabajo de la Nación, para el periodo que va entre el 2006 y el 2024, se observa que:
•    El promedio de asalariados registrados en Argentina es de 9,4 millones de personas. 
•    El 34% son empleados públicos en el Estado nacional, provincial y municipal.
•    Los empleados públicos participaron en el 62% de los conflictos laborales con paro registrados entre el 2006 y el 2024.

“Estos datos muestran que la intensidad de la conflictividad laboral es mucho más alta en el Estado que en el sector privado. El fenómeno no se justifica en que las condiciones laborales en el sector privado sean mejores que en el sector público. En general, en el Estado hay menos exigencias de jornada, presentismo y resultados que en el sector privado y las remuneraciones son similares. Por lo tanto, que un tercio de los empleados registrados sean empleados públicos, pero dos tercios de los paros sean causados por ellos, sugiere que en el Estado hay condiciones más propicias para los paros”, opinan desde la reconocida consultora nacional.

Y agregan al respecto: “El principal factor que distorsiona las relaciones laborales es la característica de la actividad en el Estado. En el sector público la restricción presupuestaria es laxa y la amenaza de ser desplazado por la competencia baja. Ambos factores generan las condiciones propicias para la conflictividad. Si el acceso a fondos públicos no fuera tan flexible y las condiciones monopólicas no estuviesen tan disponibles, la actividad sindical no podría ser tan confrontativa. Primaría una conducta sindical mucho más racional y cuidadosa con el bienestar del usuario dada la amenaza de desaparición por falta de competitividad”.