Impuesto PAIS: la nueva discusión por el reparto de recursos

 Un interesante informe del economista Nadin Argañaraz explica con precisión la nueva discusión entre las provincias y el Gobierno nacional por el reparto de recursos, en este caso puntual, el impuesto PAIS. Si bien la ley “ómnibus” se cayó, y difícilmente reflote, la coparticipación de fondos de la administración central a las provincias seguirá en la agenda pública.

 “No es lo mismo una discusión por reparto de recursos pensando solamente en cambios posibles, que la misma discusión, transitando una caída de la recaudación del impuesto a las ganancias por baja de la carga tributaria”, aclara Argarañaz. Y entiende que para las provincias “esta realidad de ganancias implica perder un 20% interanual real de recaudación o un 7% real interanual de coparticipación”.
  
 “Esta situación particular condiciona la negociación. Cuando una provincia se sienta a discutir los cambios posibles, no puede dejar de plantear opciones para recuperar lo que está perdiendo por ganancias. Solamente por ganancias, el consolidado de provincias tiene altas chances de registrar déficit primario en 2024. Si a eso se suma el recorte de transferencias discrecionales, la intensidad del déficit primario se acrecienta”.

 Y añade en este sentido: “La recaudación del impuesto PAIS viene creciendo de manera significativa.  En efecto, durante enero aumentó 25% en términos reales respecto al mes de diciembre y se ubicó en un máximo real. Desde la discusión política, lo relevante es que este impuesto puede llegar a aportar una recaudación 2024 equivalente a 1,5% del PIB. Es decir que, un 30%, significaría 0,45% del PIB. Dado que por la reforma de la cuarta categoría de ganancias las provincias perderían 0,48% del PIB, el 30% de la recaudación de impuesto PAIS prácticamente las compensaría”.

 Argañaraz recuerda que más allá que el impuesto PAIS vence a fin de año y que sería un mal paso coparticiparlo, “en la puja por el reparto de la recaudación la clave es el destino del 30% de su recaudación”. 
 
 “Para eso hay que partir de la asignación actual de ese 30%, que son obras en las provincias y CABA, a través de instituciones que no dependen de los gobiernos provinciales. Si Nación cede eso a las provincias, estas se quedan con el poder de decisión de esos recursos. Y compensan la pérdida por ganancias. Para el impacto fiscal y económico la clave es qué hace Nación ante este escenario. Si Nación sigue adelante con el programa de obras que estaba previsto financiar con ese 30%, tiene un aumento del déficit fiscal de 0,45% del PIB. Si Nación decide dar de baja ese plan de obras, no registra déficit incremental”.