Para Idesa, la ley previsional opera a favor del superávit fiscal

 En su informe 1084, la consultora Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) recordó que en marzo del 2024 el Gobierno nacional modificó, mediante el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 274/24, la fórmula de movilidad previsional.

 Allí se estipuló que a partir de abril los haberes previsionales se ajustarán mensualmente según la tasa de inflación de 2 meses atrás. Para Idesa, esto significó que las jubilaciones no recuperarán más la perdida en términos reales sufridas desde el 2017 hasta el 2023 que fue del orden del 35%. Además, para el mes de enero 2024, el DNU fijó un ajuste de 12,5% cuando la inflación de ese mes fue de 20,6%.

 “El Congreso –con votos de la oposición y de los aliados al gobierno– sancionó una ley respetando la nueva fórmula de movilidad del gobierno, pero estipulando que todas las jubilaciones deben ajustarse en el faltante para llegar al 20,6% de enero, esto es, un 7,2%. Además, estableció que el haber mínimo tendrá una garantía equivalente a la Canasta Básica Total (CBT) adulto equivalente y que una vez al año las jubilaciones se ajustarán por el 50% de lo que haya crecido el salario real, si creció. El presidente Milei se enojó y dijo que vetará esta ley porque atenta contra el equilibrio fiscal”, explicaron en el habitual análisis semanal que esta consultora realiza en materia económica.

 Y allí mismo se preguntan si ¿la ley atenta contra el equilibrio fiscal? En base a datos de la Secretaría de Seguridad Social se pueden realizar las siguientes estimaciones:

• El aumento del 7,2% de todas las jubilaciones implica un aumento del gasto previsional del orden del 0,32% del PBI.
• La garantía de la CBT implica un aumento de aproximadamente 0,08% del PBI.
• El gobierno está otorgando discrecionalmente un bono de $70.000 a los que reciben los haberes más bajos que representa un gasto de aproximadamente 0,7% del PBI.

 “Estos datos muestran que la aplicación de la ley sancionada en el Congreso representa un aumento de gasto previsional de alrededor de 0,4% del PBI. En paralelo, el Gobierno viene pagando discrecionalmente el bono con un costo de aproximadamente 0,7% del PBI. Esto implica que, rediseñando el bono, se puede compensar los aumentos que fija la ley. Es decir, es posible aplicar la ley sin causar un impacto desequilibrante en las cuentas públicas”, opinan en Idesa.

 Cabe recordar que el haber mínimo actual es de $225 mil y el bono es de $70 mil totalizando $295 mil. El bono se otorga de manera indiscriminada a todos los jubilados y pensionados, contributivos y no contributivos, que cobran menos de $295 mil.

 “Hay muchos jubilados y pensionados que reciben el bono teniendo otras fuentes de ingresos, sean previsionales, laborales, familiares o provenientes de rentas de activos. Estos jubilados y pensionados no viven solo de la jubilación o pensión mínima. Esto da la oportunidad de ahorrar recursos aumentando la equidad. Para esto, hay que focalizar el bono en aquellos beneficiarios adultos mayores que tienen como única fuente de ingreso el haber previsional y dejar de pagarlo a los beneficiarios que no se encuentran en situación de vulnerabilidad”, concluyen.