En los 90, con el inicio de la desregulación económica, el Estado nacional transfirió escuelas y hospitales a las provincias. Ahora también dejó de enviar fondos para el incentivo docente y programas médicos. Pero además eliminó los subsidios al transporte público, no construye más obra pública y, en el caso de Córdoba, tampoco remite los fondos de la Caja de Jubilaciones contemplados por ley.
Las provincias -a su vez- prestan los servicios de seguridad y asistencia social, claves en este tiempo de crisis económica; más otros tantos programas de empleo, promoción industrial, emprendedurismo, turismo, etcétera. Un dato no menor: la Nación no se retiró del cobro de impuestos, apenas bajó unos puntos las retenciones al campo y les exige a las provincias eliminar tributos y reducir prestaciones. Parece un contrasentido. Bajar la calidad educativa, sanitaria y social implicaría subsumir todavía más a la pobreza a millones de personas.
La Ley de Coparticipación Federal data de 1988. Pasaron casi 40 años y la distribución de los recursos continúa con un esquema arcaico, que no representa la realidad poblacional de las provincias. Algunas reciben más de lo que deberían, otras mucho menos. Lo mismo sucede con la distribución de bancas en el Congreso Nacional.
Además, el Estado nacional concentra fondos, como las retenciones agropecuarias creadas en 2002, y reparte poco hacia el interior, pues solventa sus propios (desmedidos) gastos con el trabajo y esfuerzo de los ciudadanos.
Si bien el Presidente Javier Milei aplicó con furia la motosierra en 2024, la baja en el gasto público no se tradujo en rebaja impositiva. Apenas unos puntos de retenciones ante la baja de los precios internacionales de cereales y oleaginosas. IVA y cheques siguen igual. Sí dejó de enviar plata a las provincias, que debieron asumir todos esos compromisos mencionados con anterioridad.
Córdoba, para citar el ejemplo que todos conocemos por vivir en este territorio, no paralizó la obra pública ni dejó de pagarle a sus jubilados. Tampoco desconoció el incentivo docente y lo abona con recursos propios. Lo mismo con el transporte público.
El discrecionalismo en las decisiones, en materia impositiva y distributiva, no debería existir en la Argentina. Son materias demasiado sensibles como para que un presidente baje el martillo y decida quién recibe y quién no; o qué se paga y qué no. El Congreso Nacional debería asumir sus responsabilidades, no delegar facultades y avanzar en el tratamiento de nuevas leyes impositivas y de coparticipación. Los gobernadores -a su vez- deberían tener la grandeza de pensar en el país y no solo en su territorio. La Nación también debiera promover el debate, es insólito que en plena democracia la lapicera y el látigo operen como ordenador de la economía y la política. “La negociación” a cambio de votos y plata.
La gente paga impuestos, tributos y tasas para tener buenas rutas, escuelas, hospitales y seguridad; no para que la clase política lo utilice como botín de guerra para sus propias batallas. La única manera de terminar con esa discrecionalidad es con leyes actualizadas que representen el nuevo mapa político y económico. Dejar especificado el rol de cada Estado y los servicios que presta, y así distribuir los fondos. No es inocencia, es el deber de un país mejor.
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